Ulises González
En las últimas semanas, el gobierno de los Estados Unidos de América ha enfatizado la relación del Estado mexicano con el narcotráfico. Este último, cada vez más empoderado debido a la fuerte cantidad de recursos económicos que obtiene a través de sus negocios ilícitos, ha propiciado una serie de problemáticas que afectan a mexicanos como estadounidenses, las cuales se han abordado desde un enfoque prohibicionista para resolverlo. En este artículo, se propone una redefinición del problema público del consumo de drogas en México, con el objetivo de replantear las políticas públicas implementadas en la materia.
1. ¿Qué es un problema público?
Es importante señalar que no existen políticas públicas que no sean creadas para corregir, aminorar o resolver un problema público. En ese sentido, cualquier acción del Estado que no esté encaminada a ese objetivo general, no es política pública.
La primera etapa del ciclo de las políticas públicas es el surgimiento y reconocimiento de un problema social. Sin embargo, ¿qué es un problema social, y cómo pasa a ser reconocido como problema público? Un problema social es una situación social inaceptable.
Para que un problema sea considerado como público requiere que la sociedad o grupos dentro de ella y sobre todo los actores políticos lo consideren como una situación insatisfactoria que debe ser resuelta por las autoridades político-administrativas. Entonces, ¿qué es un problema público? En palabras de Parsons, éste es una dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción de medidas comunes (Parsons, 2007:37).
2. Relevancia de la definición de un problema público, ¿Qué es y por qué es relevante?
Un problema público se define a través de construcciones de narrativas realizadas por analistas de políticas públicas, los cuales plantean acciones para solucionar la situación indeseada. Cabe señalar que, aunque una situación sea indeseada para un conjunto de individuos esto no es suficiente para que sea considerada como un problema público (Curbelo, 2019).
Por lo tanto, un problema público se va a definir a través de la retórica de carácter público y para el cual se plantean soluciones. Parsons (2007) señala que puede existir consenso respecto a que una situación sea no deseada, no obstante, eso no significa que todos estarán de acuerdo en definirla de la misma manera y, por lo tanto, en crear acciones específicas que ayuden a mitigar dicho problema.
En este sentido Méndez (2019) expresa que las definiciones de políticas públicas deben contener dos aspectos fundamentales, por un lado, describir la situación indeseada, y por el otro lado, exponer sus efectos negativos lo cuales deberán estar sustentados.
Ahora bien, en el proceso de definición de un problema público van a existir diferentes actores que van a buscar la promoción de su propia definición del problema público con la finalidad de que sea la vencedora, lo cual incluye las acciones que ellos argumentan que son las ideales para disminuir el problema. Aquí es cuando la narrativa política toma relevancia, ya que a través de ella se van a construir símbolos, causas-efectos, y por supuesto los culpables, afectados y héroes (Curbelo, 2019).
3. Política de drogas en México, ¿Regulación o prohibición?
La parte introductoria de este trabajo nos otorga una perspectiva general de por qué es importante la definición de un problema público. En este sentido, nuestro interés es exponer cómo se ha definido el problema de las drogas en México.
Para ello debemos considerar en primera instancia la definición de lo que es droga, que de acuerdo con von Hoffman (2024 enero) es una sustancia cuyo uso propicia la alteración del estado de conciencia, el ánimo, afectan los procesos, tanto los perceptivos, como los emocionales, además de mitigar el dolor. Asimismo, von Hoffman (2024 enero) citando a Ritter (2021) nos expone que la distinción legal e ilegal de las drogas no está basada únicamente por la evidencia científica, sino que también está en función de procesos históricos, sociales y políticos.
En ese orden de ideas, es relevante la narrativa utilizada en la definición de un problema público, ya que condiciona la manera de ver el problema y de cómo atenderlo. En el caso de las drogas consideramos que se tornan un problema cuando su consumo genera dificultades tanto para el consumidor como para la sociedad. No obstante, existe evidencia de que la mayoría de las personas tienen un consumo no problemático (von Hoffman, 2024 enero).
Dicho lo anterior, surge la cuestión de: ¿Cuáles son los modelos de políticas de drogas?, ¿Cuál o cuáles se han adoptado en México?, ¿Por qué la política de drogas en México se ha caracterizado de esa manera?, y ¿Cuáles son las mejores alternativas?
Para atender la primera cuestión nos vamos a basar en los cinco modelos de políticas de drogas[1] que von Hoffman (2024 enero) nos menciona:
a. Prohibición: la cual consiste en prohibir las conductas de oferta y demanda, además de ser castigadas a través de detención, encarcelamiento e incluso la pena de muerte.
b. Despenalización: en este caso las sanciones se vuelven más laxas, sin embargo, no necesariamente se quitan del todo.
c. Descriminalización: es una subforma de la despenalización y consiste en eliminar las sanciones penales.
d. Legalización: consiste en convertir lo que era ilegal (productos, conductas, condiciones) en algo legal, aunque se aclara que este proceso no se considera como un modelo de política pública.
e. Regulación: en este caso se contemplan controles del mercado tanto en su producción, distribución y disponibilidad. En este caso si es un modelo de política pública para regular: productos, vendedores, puntos de venta y acceso al público.
Para dar respuesta a la segunda pregunta es indispensable irnos un siglo atrás, cuando en la década de 1920 comenzó un cambio en el discurso en torno a las drogas en nuestro país. Este discurso buscaba adquirir la credibilidad internacional después del movimiento revolucionario, lo que provocó que para 1923 se prohibiera el tráfico de drogas en México por primera vez (Zedillo, Pérez, Madrazo y Alonso, 2019).
Para 1931 en el Código Penal Federal se adicionó un apartado de “Delitos contra la salud” en donde las conductas de oferta y demanda del mercado de drogas se consideraban como delitos, por lo que se adecúa al modelo de prohibición expuesto por von Hoffman (2024 enero). No obstante, las políticas respecto a las drogas se han modificado a lo largo del México contemporáneo, tan es así, que para el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) la política de drogas se alejaría de la prohibición y se acercaría a la descriminalización de los usuarios al no tratarlos como criminales sino como pacientes, lo cual pese a su corta implementación resultó ser exitosa (Zedillo et al., 2019). Esto cambió para 1947 cuando se adoptó de nueva cuenta una política de prohibición con mayores penas para los usuarios (Zedillo et al., 2019).
Para 1984 se establece en el artículo 4° que el derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional, y a raíz de esto se creó la Ley General de Salud. Lo cual significaba una gran oportunidad para que la política de drogas trascendiera y dejara de ser una política prohibicionista, y así construirse una perspectiva de salud pública (Zedillo et al., 2019).
La perspectiva de salud pública nos permite conocer las diferencias entre las distintas drogas, así como de sus riesgos. Además, ayuda analizar el consumo de sustancias, variaciones, factores de riesgo y dependencia de la enfermedad (Medina-Mora, Real, Villatoro y Natera, 2012).
No obstante, la realidad fue distinta y esa gran oportunidad se perdió, ya que en el Código Penal Federal los denominados “delitos contra la salud” se mantuvieron y además se instauraron castigos aún más severos (Zedillo et al.,2019).
En resumen, lo que sucedió a lo largo del siglo XX respecto a las políticas de drogas fueron medidas basadas en prejuicios, sin evidencias científicas y con discriminación; todo ello pese a tener como primera justificación la protección a la salud. Lo anterior, no ha propiciado que el mercado de las drogas deje de existir, sino que al no existir uno legal, los ofertantes y demandantes del producto crean un mercado ilegal o negro.
Dicho mercado negro ha tenido repercusiones negativas en cuestiones de seguridad pública y de salud, ya que es de todos conocida la guerra contra el narcotráfico implementada en el sexenio de Calderón (2006-2012), no obstante, sus efectos y parte de sus acciones siguen vigentes hasta hoy en día. Esta política ha desencadenado altos niveles de violencia; el aumento de actividades ilícitas relacionadas a los cárteles de drogas; y una gran cantidad de cárteles de narcotráfico pugnando de manera violenta por controlar el mercado local, y las rutas de trasiego de las drogas (Daniel y Zepeda, 2015). La organización de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) (s.f.) expone que en México se han gastado en esta guerra más de 1 billón 138 mil 838 millones 971 mil 996 pesos, durante el periodo de 2006 a 2016. Un presupuesto significativo que se podría destinar a una política de prevención que seguramente obtendría mejores resultados.
Dicho lo anterior, es sumamente relevante la redefinición de la política de drogas en México, la cual se ha considerado desde un enfoque prohibicionista lo que ha generado un impacto negativo en nuestra sociedad, además de que no se ha logrado el efecto deseado que es disminuir el consumo. Por lo que, también se expone la alternativa más viable para atender del problema público que pueda representar las drogas.
La alternativa es la regulación, ya que se entiende que el mercado de las drogas no va a dejar de existir, no importan las prohibiciones que se impongan si existe gente dispuesta a ofertar y consumir dicho producto.
En este sentido, el MUCD (s.f.) nos expone que la regulación responsable funciona para disminuir los efectos negativos de las drogas y de los mercados negros. Asimismo, nos plantean 5 modelos para regular el suministro de drogas:
1) Prescripción médica y lugares de consumo supervisado.
2) Especialistas farmacéuticos.
3) Ventas minoristas con licencia.
4) Locales licenciados para venta y consumo.
5) Venta sin licencia.
Conclusiones.
La definición de un problema público es crucial, ya que en función de ésta se adoptarán acciones de política pública para aminorarlo o resolverlo. Asimismo, observamos que en el México postrevolucionario se ha adoptado una política mayormente prohibicionista —con algunos periodos donde mostró otra postura y por lo tanto, diferentes políticas —, la cual provocó un mercado negro que a raíz de la política denominada “guerra contra el narcotráfico”, profundizó los problemas de violencia y delincuencia, sin atender el objetivo principal que es la protección de la salud de los mexicanos. Finalmente, se expone que la alternativa de una política de drogas es la regulación ya que nos ayuda quitar el mercado de las drogas a los criminales, lo cual ayudará a salvar vidas, disminuir el crimen y la violencia, mejorar la seguridad, ahorrar recursos públicos para utilizarlos en otros problemas públicos prioritarios, entre otros.
Referencias.
Curbelo, L. (2019). “La definición de los problemas públicos como parte de los procesos decisionales: el ingreso a la educación superior en Cuba.”, Gloria del Castillo y Danay Quintana (Editoras), POLÍTICAS PÚBLICAS. Nuevos enfoques para la investigación., Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, pp. 89-120.
Daniel, J. y Zepeda, R. (2015). La guerra contra el narcotráfico en México: una guerra perdida. Revista Reflexiones vol.94 n.1 San Pedro de Montes de Oca.
Kleiman M.A.R. (1992). Against excess: drug policy for results. Nueva York, NY: Basic Books.
Medina-Mora, M., Real, T., Villatoro, J., y Natera, G. (2012). Las drogas y la salud pública: ¿hacia dónde vamos? Salud Pública de México, vol. 55, núm. 1, enero-febrero, 2013, pp. 67-73, Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, México.
Méndez, J. L. (2019). Políticas Públicas. Enfoque estratégico para América Latina. Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México, México.
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). (s.f.). Política de drogas. https://www.mucd.org.mx/politica-de-drogas/
Parsons, W. (2007). POLÍTICAS PÚBLICAS. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas. FLACSO Sede Académica de México, Primera edición, México.
Ritter, A. (2021). Drug Policy. Routledge.
von Hoffman, J. (2024 enero). Política de drogas: Términos básicos para el debate [Diapositivas de PowerPoint]. Programa Política de Drogas, CIDE.
Zedillo, E., Pérez, C., Madrazo, A., y Alonso, F. (2019). La política de drogas en México: causa de una tragedia nacional. Una propuesta radical e indispensable para remediarla. Programa de Política de Drogas Centro de Investigación y Docencia Económicas.
[1] Es el conjunto de leyes y programas que tienen el objetivo de influir en la decisión de los ciudadanos respecto al uso o no de sustancias psicoactivas, lo que implica la modificación en las consecuencias del uso tanto para el individuo como para la sociedad (Kleiman, 1992).
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