Ulises González Garduño
El pasado 28 de febrero, la presidenta de la República envió a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030. De acuerdo con el artículo 74, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la aprobación de este documento corresponde exclusivamente a dicha Cámara, que contará con un plazo de dos meses para emitir su resolución. Si al término de este periodo no se pronuncia al respecto, el plan se considerará aprobado en los términos presentados por la presidenta.
Cabe destacar que este documento es de gran relevancia para el país, ya que en él se establece la planificación organizada de las acciones gubernamentales destinadas a regular y fomentar el desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental. Su objetivo final es mejorar la realidad nacional conforme a lo estipulado en la Constitución y la Ley de Planeación.
1. Orígenes de los planes nacionales de desarrollo.
En el siglo XX surgió la concepción de un Estado fortalecido para la planificación económica y social de las naciones, lo que dio origen a los Planes Nacionales de Desarrollo (PND). Estos se establecieron como instrumentos de orientación para el desarrollo económico, social y político, definiendo objetivos de largo plazo y estrategias de implementación.
La Unión Soviética (URSS) implementó su primer Plan Quinquenal en 1928, durante el mandato de Stalin, con el objetivo de acelerar la industrialización y la colectivización agrícola. Su base consistía en una intervención intensiva del Estado en la economía mediante metas productivas y prioridades estratégicas para el desarrollo.
En América Latina, estos planes se inspiraron en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y en los enfoques keynesianos de intervención estatal.
En el caso de México, el origen de los PND se remonta al momento en que el Estado asumió un papel más activo en la economía y la sociedad. El primer presidente en emitir un documento de estas características fue Lázaro Cárdenas, con su Plan Sexenal (1934-1940).
Posteriormente, la planeación del desarrollo se consolidó con la creación de la Comisión Nacional de Planeación del Desarrollo Económico en 1958 y con la promulgación de la Ley de Planeación en 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, que estableció la obligación legal de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo cada sexenio. Desde entonces, cada administración presidencial en México ha formulado su propio PND, alineándolo con su visión política y económica.
2. Plan Nacional de Desarrollo perdura más allá de la ideología.
Como se mencionó anteriormente, el origen del PND radica en la necesidad de que el Estado desempeñe un papel activo en la economía y la sociedad. Sin embargo, resulta paradójico que fuera el primer gobierno de corte neoliberal en México (1982-1988) el encargado de establecer la obligatoriedad del PND para cada sexenio.
Los gobiernos que le siguieron mantuvieron rasgos neoliberales. Salinas de Gortari (1988-1994) impulsó la privatización de empresas públicas y la apertura económica a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Zedillo (1994-2000) consolidó la autonomía del Banco de México y llevó a cabo el rescate de la banca privada. Tanto Fox (2000-2006) como Calderón (2006-2012) continuaron con esta línea, y Peña Nieto (2012-2018) limitó la participación del Estado en el sector energético y de telecomunicaciones mediante sus reformas estructurales.
En contraste, el gobierno de López Obrador (2018-2024) revirtió parcialmente estas políticas, buscando fortalecer el papel del Estado sin eliminar por completo los rasgos neoliberales. Sheinbaum (2024-2030) ha continuado con este enfoque.
Este artículo no pretende profundizar en los complejos debates sobre modelos económicos y políticos, ni evaluar si uno es mejor que otro, ya que en la práctica rara vez se aplican en su totalidad. Un ejemplo de ello es el caso de Salinas de Gortari, cuyo “liberalismo social” buscó equilibrar el libre mercado con la intervención estatal para reducir desigualdades. No obstante, es importante señalar estas aparentes incongruencias entre las ideologías proclamadas y las acciones concretas, como la existencia misma de un PND dentro de gobiernos de orientación neoliberal.
3. Principales actores involucrados en el diseño y ejecución del PND 2025-2030.
La Ley de Planeación establece el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en el cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) son responsables de ejecutar los aspectos del PND. Tanto en esta ley como en la CPEUM, se pueden identificar los siguientes actores como los principales:
a. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
b. Dependencias de la APF.
c. Entidades paraestatales.
d. Secretaría de la Función Pública (SFP).
e. Presidente de la República.
f. Grupos sociales.
g. Cámara de Diputados.
– La SHCP coordina la Planeación Nacional del Desarrollo y elabora el PND, integrando propuestas de distintos sectores. Supervisa la congruencia de los programas, la alineación del presupuesto y promueve indicadores de impacto social. También define políticas fiscal y crediticia, calcula ingresos y regula el uso del crédito público.
– Por su parte, las dependencias de la APF deben participar en la elaboración del PND, considerando factores ambientales, económicos, sociales y culturales. Además, coordinan programas sectoriales y regionales, asegurando su congruencia con el Plan y supervisando su ejecución y presupuesto.
– Las entidades paraestatales deben elaborar programas sectoriales e institucionales alineados con su función, considerando variables clave y garantizando su congruencia con el presupuesto y objetivos establecidos.
– La SFP supervisará el control interno y evaluará la gestión gubernamental para asegurar el cumplimiento del Plan y los programas.
– El presidente podrá crear comisiones intersecretariales para coordinar actividades de planeación nacional entre varias Secretarías de Estado, además de enviar el documento final a la Cámara de Diputados.
– Los grupos sociales pueden participar a través de foros de consulta popular. Además, las comunidades indígenas serán consultadas en programas que afecten su desarrollo.
– La Cámara de Diputados debe aprobar el PND.
4. Características del PND 2025-2030.
El PND se estructura en 4 Ejes Generales y 3 Transversales, en los cuales se incluyen los 100 compromisos que Sheinbaum presentó durante su toma de protesta como presidenta:
4.1. Ejes Generales:
a) Gobernanza con justicia y participación ciudadana: Promover un gobierno basado en el Humanismo Mexicano, cercano a la gente, respetuoso de las libertades, con austeridad republicana y un compromiso firme en el combate a la corrupción y el nepotismo. Esto permitirá fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar justicia para todos.
b) Desarrollo con bienestar y humanismo: Garantizar el bienestar de la población mediante la ampliación de la red de protección social, la inversión en la primera infancia, el fortalecimiento del sistema educativo y el acceso universal a la atención médica. El objetivo es asegurar que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y acceder a educación, salud, vivienda digna y servicios financieros.
c) Economía moral y trabajo: Impulsar el consumo a través de programas sociales, la generación de empleo y el incremento de salarios. Además, fomentar una política industrial integral que reduzca la dependencia externa, promueva la inversión responsable y facilite la integración de las empresas nacionales en cadenas globales de producción y valor.
d) Desarrollo sustentable: Fortalecer Pemex y la CFE para garantizar la soberanía energética, desarrollar infraestructura que permita un acceso equitativo al agua y equilibrar el crecimiento económico, social y ambiental, asegurando la preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones.
4.2. Ejes transversales:
a) Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres.
b) Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
c) Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional.
4.3. Visión a largo plazo (2030).
Entre sus objetivos a largo plazo se encuentran los siguientes:
a) Ser la décima economía del mundo.
b) Elevar la inversión como proporción del Producto Interno Bruto (arriba del 25%).
c) Producir internamente el 50% de lo que se consume nacionalmente en sectores como el calzado, mobiliario, juguetes, entre otros.
d) Generar 1.5 millones de empleos más en sectores estratégicos como manufactura especializada.
e) Generar 150 mil profesionistas y técnicos adicionales cada año.
f) Disminuir la pobreza y desigualdad.
g) Promover la sostenibilidad ambiental en las actividades productivas.
h) Lograr que el 30% de las PYMES tengan acceso al financiamiento.
i) Impulsar el desarrollo de vacunas mexicanas (fabricación, farmacéutica y envasado) con énfasis en biotecnología.
j) Ser uno de los 5 países más visitados del mundo.
k) Reducir de 2.6 a 1 año el tiempo para concretar una inversión (disminuyendo trámites y requisitos).
El documento se puede encontrar a través del siguiente enlace: https://ricardomonrealavila.com/wp-content/uploads/2025/02/PND2025-2030.pdf
5. Reflexiones.
Al respecto, este documento es uno de los más ambiciosos creados en los últimos años y, además, uno de los más extensos, con 213 páginas, en contraste con las 33 páginas del PND 2019-2024. Este último carecía de objetivos y estrategias claras, a diferencia de los PND anteriores: 2013-2018, 2007-2012, 2001-2006, 1995-2000, 1989-1994 y 1983-1988, todos con más de 100 páginas, aunque sin superar las 200. Estos documentos pueden consultarse en el siguiente enlace:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm.
La importancia de este documento radica en que establece una guía clara para el gobierno, con estrategias y líneas de acción definidas. Sin embargo, no es un documento sancionable; es decir, si al final del sexenio no se cumplen sus metas, no hay consecuencias legales y, posiblemente, tampoco políticas para los funcionarios responsables de este PND y los anteriores.
Respecto a las consecuencias políticas, suele asumirse que los ciudadanos pueden castigar el desempeño del gobierno a través de las urnas. No obstante, esto no siempre ocurre. Autores como Lipset (1959) y Dahl (1971) han señalado que quienes cuentan con mayores recursos económicos e intelectuales tienen mayor capacidad de influir en los resultados democráticos. Considerando que en México más de 46 millones de personas viven en pobreza y que, según la Prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) del año 2022, dos de cada tres estudiantes no alcanzan el nivel básico de aprendizaje en matemáticas, además de que el país obtuvo la tercera peor evaluación en matemáticas y compresión lectora dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es posible que no exista un castigo político ante el incumplimiento del PND 2025-2030 ni de los subsecuentes.
Referencias.
Lipset, Seymour Martin (1959), “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”, American Political ScienceReview, vol. 53, pp. 69-105.
Dahl, Robert A. (1971), Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven,Yale University Press.
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