Por Ulises González
La desaparición de los órganos autónomos es inminente y ha generado cuestionamientos desde diversos enfoques. Uno de ellos apunta a su relevancia: en la exposición de motivos, se argumenta que estas instituciones son únicamente un reflejo de políticas internacionales orientadas a descentralizar la Administración Pública, garantizar intereses privados y supuestamente, no cumplir con los objetivos para los cuales fueron creados.
Otro enfoque es el de las finanzas públicas. Se argumenta que su desaparición generaría ahorros considerables, los cuales se destinarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Además, sus funciones serían asumidas por distintas dependencias utilizando los recursos humanos ya contratados representando un ahorro para el erario.
Analizar con profundidad si estas instituciones han cumplido con sus objetivos rebasa los alcances de este artículo. Sin embargo, considero importante repasar las principales funciones de los siete órganos autónomos que están por desaparecer.
1. Funciones de los órganos autónomos por desaparecer
a. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Este órgano es uno de los más relevantes debido a su autonomía técnica de gran calidad y su capacidad para evaluar el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales. Además, realiza la medición multidimensional de la pobreza[1] en México, una tarea que requiere objetividad y autonomía. Se plantea que estas atribuciones pasen al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un órgano constitucional autónomo con gran calidad técnica y reconocido desempeño en la generación de estadísticas nacionales. Sin embargo, sus enfoques técnicos difieren, lo que plantea la incógnita de si afectarán el cumplimiento de las funciones que ha desempeñado el CONEVAL.
b. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El INAI tiene la función de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, funciones esenciales en una democracia desarrollada, ya que permiten el escrutinio público y la rendición de cuentas. Sus funciones serían asumidas por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, de reciente creación. Esto representaría riesgos, pues la institución encargada de la transparencia estaría subordinada al titular del Poder Ejecutivo, lo cual es preocupante en un sistema presidencialista como el nuestro, ya que esta posición suele contar con mayor poder respecto a sus contrapesos políticos.
c. Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Encargada de promover y garantizar la competencia en los mercados, la COFECE busca evitar abusos de empresas con ventajas competitivas, fomentando un mercado más justo en beneficio de los consumidores. Sus funciones, junto con las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), serían asumidas por una “Agencia Antimonopolios” que se pretende crear y que estaría adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
d. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El IFT regula y supervisa la radiodifusión, las telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico, además de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y servicios como banda ancha e internet. Sus funciones no se limitan al ámbito antimonopólico, lo que genera dudas sobre su absorción por la mencionada agencia.
e. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). Se encarga de evaluar el sistema educativo, proponer mejoras, realizar investigaciones, generar información sobre la educación en México y fortalecer la formación docente. Además, colabora con las autoridades educativas para implementar estrategias que promuevan una educación de mayor calidad, equidad e inclusión. Lo curioso de la desaparición de este órgano es que nació en el sexenio de López Obrador en el 2019. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) asumirá las funciones de este órgano, situación que no me parece descabellada.
f. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). La CNH regula y supervisa la exploración y extracción de hidrocarburos, además de promover la inversión en el sector. Sus funciones, esenciales para las reformas de hidrocarburos del sexenio de Enrique Peña Nieto, serán asumidas por la Secretaría de Energía (SENER).
g. Comisión Reguladora de Energía (CRE). La CRE regula actividades relacionadas con electricidad, gas y derivados del petróleo, buscando promover la competencia en toda la cadena energética. Al igual que la CNH, sus funciones serían absorbidas por la SENER.
Por lo tanto, la desaparición de algunos órganos autónomos es más preocupante que la de otros. Si bien algunos nacieron de reformas impulsadas por gobiernos con ideologías distintas, instituciones como el INAI y el CONEVAL han sido relevantes para el desarrollo de una democracia más avanzada en México.
Puede debatirse sobre el cumplimiento de sus objetivos, pero no sobre la necesidad de contar con órganos técnicamente autónomos para garantizar estas funciones.
2. ¿Impacto en las finanzas públicas?
Cabe preguntarse: ¿realmente estos órganos representan un lastre para las finanzas públicas?
En el Cuadro 1 se observa el presupuesto aprobado y ejercido (solo para los años de 2020 a 2023) de estos órganos para el periodo de 2020 a 2025. Destaca que, en la mayoría de los casos, el gasto ejercido fue superior al monto aprobado, lo que indica que las funciones de estos órganos demandaron más recursos de los previstos. En el caso de la CNH, en algunos años el gasto ejercido fue hasta tres veces mayor al aprobado, lo que refleja la brecha entre la planificación y la ejecución presupuestal.
Cuadro 1.
Además, se observa una tendencia a la reducción del presupuesto aprobado para los órganos autónomos, que pasó de 4,590.5 millones de pesos en 2020 a 4,422.3 millones en 2025, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). Cabe resaltar que, para el PPEF 2025, los órganos autónomos previamente amenazados con desaparecer han reducido el monto solicitado en su proyecto de presupuesto para cumplir con sus funciones, el cual, según el artículo 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debe ser compatible con los criterios generales de política económica[2].
Otro aspecto relevante es que el presupuesto de estos siete órganos, como proporción del presupuesto total del gobierno federal (gasto neto total), es muy bajo, oscilando entre el 0.08 por ciento en 2020 y el 0.05 por ciento proyectado para 2025. Esto pone en entredicho la validez del argumento de ahorro financiero como justificación para su extinción, ya que su impacto presupuestal es prácticamente insignificante.
Gráfica 1.
Presupuesto aprobado y ejercido de los órganos autónomos por desaparecer, 2020 a 2025.
(Variación real)
Nota: Para calcular la variación real se utilizó el deflactor implícito del PIB base 2025 de acuerdo con las estimaciones de los Criterios Generales de Política Económica 2025.
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por su parte, la Gráfica 1 muestra una tendencia general de disminución en términos reales en los presupuestos aprobados para estos órganos a lo largo de los años, con una caída importante para el 2024 (26.5 por ciento) en comparación con 2023. Las disminuciones más pequeñas ocurren en 2021 y 2022, con caídas de 7.7 y 3.4 por ciento, respectivamente. El único incremento se registró en 2023 en relación con 2022, con un aumento del 1.6 por ciento, aunque el porcentaje sigue siendo bajo en comparación con los años anteriores. Asimismo, para el 2025 se proyecta una disminución real del 16.4 por ciento. Esto muestra un ajuste continuo en los recursos destinados a estos órganos con un descenso general.
En teoría, las funciones de los órganos autónomos en riesgo de desaparecer serían asumidas por las instituciones mencionadas previamente, utilizando el personal ya contratado. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Qué tan significativo sería el ahorro que esto representaría? Por ejemplo, en el PPEF 2025, el presupuesto combinado de la CNH y la CRE equivale apenas al 0.3 por ciento del total proyectado para la Secretaría de Energía, entidad que asumiría sus funciones.
En ese sentido, aunque la desaparición de estos órganos podría generar un ahorro marginal, su contribución a la calidad de las políticas públicas y a la autonomía técnica es fundamental. Esto demuestra que el argumento de ahorro financiero no es suficiente para justificar su extinción, al menos en el caso de algunos de ellos, como el CONEVAL y el INAI, especialmente cuando se consideran las implicaciones para la democracia y la evaluación de las políticas sociales en México.
[1] Se trata de medir la pobreza no solamente a través de los ingresos sino también del rezago educativo, el acceso a la salud, a la alimentación, a la seguridad social, la calidad y espacios en la vivienda, los servicios básicos de la vivienda y la cohesión social.
[2] En este blog encontrarás un artículo que explica con mayor detalle el contenido de este documento.
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